La estrategia de ignorar el problema del aborto es muy común en el mundo y está resultando un en desastre de salud pública para las mujeres. Según esta estrategia, si el aborto es ilegal, entonces el aborto desaparecerá. La administración del Presidente Bush presenta una nueva versión de la estrategia, procurando llegar a esta meta más rápidamente al quitarle el financiamiento a cualquier organización que siquiera hable sobre la legalización del aborto. Ha sido demostrado, esta vez por el Consejo Global de Salud, que si el aborto es ilegal y si se prohíbe hablar del mismo, el aborto sí desaparecerá--pero solamente de la mira pública y, peor aun, de la regulación y vigilancia pública. Sin embargo, seguirán habiendo abortos, en privado, inseguros, con costos más altos, y con consecuencias calamitosas para las mujeres.
El reciente informe del Consejo Global de Salud, titulado "Promesas por cumplir: el costo de los embarazos no deseados en las vidas de las mujeres en el mundo en vías de desarrollo" ("Promises to Keep: The Toll of Unintended Pregnancies on Women's Lives in the Developing World"), calcula que hubo más de 300 millones de embarazos no deseados en el mundo en vías de desarrollo durante el período de seis años entre 1995 y el 2000, y éstos resultaron en la muerte de 700.000 mujeres por complicaciones de maternidad y por abortos inseguros.
Existen dos niveles de intervenciones que podrían salvar las vidas de estas mujeres. Primero, la provisión de servicios de planificación familiar, definidos ampliamente tanto antes como después del embarazo, es esencial para asegurar que cada embarazo sea deseado y planificado, y que ocurra en el mejor momento para la madre y la familia. Si hay un nivel adecuado de atención prenatal y durante el parto, se puede minimizar el riesgo de muerte o daño a la madre e hijo. Además, no hay leyes que impidan la asignación de recursos para este tipo de intervención médica, sólo la falta de voluntad política. Estos servicios se pueden proporcionar sin la necesidad de una concomitante voluntad política para aliviar la pobreza, la discriminación basada en género, o el racismo. Y los servicios básicos de salud reproductiva pueden ser proporcionados a las mujeres sin una gran inversión en la infraestructura de una nación.
En 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo se hizo un llamado a una mayor inversión por parte de las naciones desarrolladas y las naciones en vías de desarrollo en la salud reproductiva de las mujeres del mundo. Ambos grupos de naciones han fracasado en sus intentos por responder a este desafío. Los Estados Unidos y otros gobiernos occidentales no han aumentado suficientemente la cantidad de asistencia al extranjero designada para la salud de las mujeres para poder cumplir con sus obligaciones establecidas en el Cairo, y los países en vías de desarrollo tampoco. En los seis años después de la conferencia, entre 1995 y el 2000, 1,3 mil millones de mujeres en edad reproductiva tuvieron 1,2 mil millones de embarazos. Una cuarta parte de estos embarazos, 300 millones, fueron no deseados (en vez de haber ocurrido a destiempo). Es en esta categoría de embarazos que ocurrieron las consecuencias desastrosas de salud y donde la inversión propuesta en la Conferencia de El Cairo podría haber hecho una diferencia. Aproximadamente un tercio de estas mujeres murieron de complicaciones durante el parto, y aproximadamente 400.000 murieron por abortos inseguros.
Por lo tanto, la eliminación de los abortos inseguros es la segunda área donde se debe intervenir para salvar las vidas de las mujeres. Este tema era demasiado político para fuera tratado en la conferencia de El Cairo --el informe final sencillamente dice que el aborto debe ser seguro cuando fuera legal. El aborto es enteramente o parcialmente legal en muchos países del mundo, incluyendo la India, la China, Rusia, y Sudáfrica. Solamente en algunos países, como Chile, está totalmente prohibido. Por lo tanto, en gran parte del mundo existe la oportunidad legal para implementar el Acuerdo de El Cairo y lograr que el aborto sea seguro. Desde la conferencia, solamente algunos países, como Sudáfrica y Nepal, han modificado sus leyes sobre el aborto para que ya no sea un crimen.
La necesidad de modificar las leyes sobre el aborto en el mundo es enorme. A nivel mundial, tres cuartas partes de los embarazos no deseados fueron terminados por abortos durante el período entre 1995 y el 2000, resultando en más de 250 millones de abortos. En América Latina, donde existen algunas de las leyes más estrictas sobre el aborto, una cuarta parte de todos los embarazos terminaron en abortos. La censura legal, cultural y religiosa tiene poco efecto en el índice de abortos.
No necesariamente hay que hacer una gran inversión en la infraestructura de un país para proporcionar los servicios relacionados con el aborto. Los abortos tempranos pueden hacerse con píldoras o por aspiración manual endouterina, aunque se recomienda tener la opción de medidas quirúrgicas. Además, es necesario capacitar al personal y proveer atención continua a las pacientes. Sin embargo, éstos no son obstáculos insuperables, y el costo es menor que el costo de las vidas perdidas y dañadas.
En América Latina y el Caribe, casi 42 millones de los 114 millones de embarazos en la región entre 1995 y el 2000 no fueron deseados. Se llevaron a cabo 28 millones de abortos, hubo 27.000 muertes por abortos y 129.000 muertes maternas. En el Perú, por ejemplo, 2 millones de los 7 millones de embarazos durante este período terminaron en abortos, con 1.900 muertes por abortos y 9.700 muertes maternas.
Las estadísticas en el Perú podrían empeorarse muy rápidamente. El nuevo gobierno ha nombrado a personas muy conservadoras a puestos clave y ellas han señalado que no están a favor de la anticoncepción, y mucho menos el aborto. Para reducir el financiamiento de anticonceptivos, el Ministerio de Salud está usando la excusa de que durante el gobierno anterior de Alberto Fujimori hubo abusos en la implementación de la esterilización. El ministerio ha indicado que considera que la anticoncepción de emergencia (AE) es igual al aborto, y ha dicho lo mismo sobre los dispositivos intrauterinos (DIU). También ha propuesto prohibir la esterilización completamente, aun cuando se realice porque un hombre o mujer haya tomado una decisión informada. Aparentemente el método de ritmo será el único método anticonceptivo permitido en el Perú. Ya que la esterilización y los DIU son los métodos anticonceptivos más comunes en el Perú, como en otros países de América Latina y en otras áreas, hay que preguntarse qué usaran las mujeres peruanas como anticoncepción si no hay financiamiento para otros métodos.
INPPARES, la asociación peruana miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental, y varios otros grupos de mujeres están luchando en contra de estas propuestas, y hasta el momento han impedido cualquier cambio en los métodos que ofrece el gobierno. Sin embargo, la anticoncepción de emergencia todavía no está disponible a través de los servicios de salud pública. USAID también está ignorando el tema de la AE, negándose a presionar al gobierno para que ofrezca una gama completa de opciones anticonceptivas. INPPARES está ofreciendo la anticoncepción de emergencia en sus clínicas, pero no puede alcanzar a todas las mujeres que la necesitan.
Los resultados de esta estrategia de ignorar el problema están claros, y el informe del Consejo Global de Salud los aclara aun más. Continúan naciendo niños no deseados, perjudicando las vidas y posibilidades de sus hermanos y padres. ¿Cuándo aprenderemos?
Alex Sanger
11/11/02
